Recientemente el Coronavirus (COVID-19) fue declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia mundial.
En este contexto, las personas con discapacidad se encuentran desproporcionadamente más expuestas a contraer el Coronavirus, dado a que:
1. Según la OMS, las personas con discapacidad son particularmente vulnerables a las deficiencias que presentan los servicios, especialmente a los relacionados con la atención de salud.
2. De acuerdo con los datos de la Encuesta Mundial de Salud realizada en 51 países, las personas con discapacidad tienen más del doble de probabilidades de que sus proveedores de salud carezcan de las competencias adecuadas para atender sus necesidades; una probabilidad cuatro veces mayor de estar expuestas a situaciones de discriminación por discapacidad, y una probabilidad tres veces mayor de que se les niegue la atención de salud necesaria.
3. Algunas discapacidades físicas severas y discapacidades intelectuales como el Síndrome de Down están asociadas con problemas respiratorios; usuarios de sillas de ruedas tienen que usar sus manos para desplazarse, aumentando el contacto con superficies contaminadas; las personas con discapacidades físicas en situación de dependencia están en mayor vulnerabilidad al estar sujetas a los cuidados de sus cuidadores/as.
4. La información sobre el Coronavirus y sus medidas de prevención no están siendo accesibles para las personas con discapacidad visual, auditiva, intelectual y psicosocial, aumentando su exposición al contagio.
Adherimos a lo expresado por la relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad, Catalina Devandas, quien sostiene que poco se ha hecho para orientar y apoyar a las personas con discapacidad frente a la actual situación de emergencia sanitaria por el Coronavirus, aun cuando muchas de estas personas hacen parte de la población de riesgo.
Apelando a lo establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en su artículo 25 en el que se establece el Derecho de las personas con discapacidad para acceder en igualdad de condiciones a una atención de salud de calidad y a los mismos servicios de salud que los demás, desde la Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad hacemos un llamado al Gobierno Central, Organismos Estatales de Salud y prestadores de servicios de salud privada a que, atendiendo a las vulnerabilidades de las personas con discapacidad frente a la pandemia del Coronavirus implementen una política pública de salud inclusiva que garantice:
1. Que las informaciones que se difundan sobre el Coronavirus, su prevención, medidas de seguridad, y qué hacer en caso de contagio sea accesible; videos en Lengua de Señas Uruguayas (LSU) para las personas sordas, formatos digitales accesibles a las tecnologías de comunicación para las personas ciegas, y pictogramas y lenguaje sencillo y de fácil lectura para las personas con discapacidad intelectual y psicosocial.
2. Que los centros de salud cuenten con intérpretes de LSU y personal capacitado para la atención de personas sordas y con discapacidad en general.
3. Que se garanticen redes de apoyo para aquellas personas con discapacidad en situación de dependencia (y que por lo general presentan problemas respiratorios) ya que si sus cuidadores/as se contagian con el Coronavirus estarían expuestas a un doble riesgo de vida al (I) contagiarse también con la enfermedad y morir por insuficiencias respiratorias, y (II) a morir por falta de alimentos y cuidados por no contar con la persona encargada de estas tareas.
4. Que se garantice la prioridad de la atención y supervivencia de las personas con discapacidad ante una eventual escasez de recursos médicos.
5. Que se involucre y consulte a las organizaciones de personas con discapacidad durante todo el proceso de respuesta en la emergencia sanitaria del Coronavirus.
Contrariamente al lema de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre "No dejar nadie atrás", hoy ante la pandemia del Coronavirus el colectivo de personas con discapacidad sienten que se han quedado atrás dado a que las medidas de precaución y contención adoptadas por los Estados en general son prácticamente imposibles para aquellas personas que dependen del apoyo de otras para actividades básicas de supervivencia, como: comer, vestirse y bañarse; además de que no se les está brindando la información necesaria en formatos accesibles para que puedan cuidarse frente a las potenciales situaciones de contagio.
Por lo hasta aquí expuesto, instamos a las autoridades competentes a que se implementen medidas razonables de adaptación para permitir que las personas con discapacidad minimicen los contactos y el riesgo de contagio; que se les permita trabajar desde casa o recibir vacaciones pagadas para garantizar la seguridad de sus ingresos, y que se adopten ajustes razonables también a familiares y/o cuidadores para que puedan brindarles apoyo durante este período de emergencia. Debido a la discriminación estructural en la que se encuentran las personas con discapacidad, el Estado tiene una mayor responsabilidad hacia este grupo de población, por lo que debe tomar medidas de protección social adicionales para garantizar la continuidad del apoyo de manera segura durante esta crisis.
Exhortamos al Estado Uruguayo y sus organismos Estatales a que en estos momentos de tanta tensión se actúen de forma coordinada, inclusiva, con enfoque de salud basada en Derechos Humanos; porque si la respuesta al Coronavirus no es inclusiva, no será efectiva.
Grupo Coordinador de la Alianza:
Estela Brochado.
Emanuelle Laurent.
Yamandú Rodríguez.
Mercedes Viola.
Consultora Técnica:
Tatiana Vasconcelos.
