La violencia basada en género (VBG) constituye una clara violación de los derechos humanos de mujeres niñas, niños y adolescentes. Uruguay ha realizado profundos avances en la prevención y atención de esta problemática estructural, tanto a través de la consolidación de espacios interinstitucionales y de la sociedad civil organizada en la temática, como en la aprobación de normativa y elaboración de instrumentos específicos, que guían el accionar del Estado en materia de política pública en VBG. En tal sentido, se efectuaron estudios que permiten conocer más en profundidad la magnitud y el impacto diferencial y específico que la violencia tiene en estas poblaciones.
Un claro ejemplo de lo antes mencionado es el fortalecimiento del actual Consejo Nacional Consultivo por una vida libre de violencia de género hacia las mujeres (CNC), como espacio de articulación, coordinación, diseño, ejecución y evaluación de la política pública en materia de violencia de género. El CNC, es presidido por el Instituto nacional de las mujeres (Inmujeres) -en su carácter de órgano rector de las políticas de género- y está integrado por distintas instituciones del Estado y la sociedad civil organizada, con experticia en la materia. Cuenta con 19 comisiones, una por departamento, las que articulan acciones específicas con el Consejo, permitiendo descentralizar la política pública en VBG.
Desde el CNC, se elaboró el Plan de Acción 2016-2019: por una vida libre de violencia de género con mirada generacional. Este plan tuvo como finalidad contribuir a que mujeres y varones de todas las edades puedan gozar de una vida libre de violencia de género, a partir de la modificación de aquellas pautas culturales discriminatorias que obturan la igualdad y el goce efectivo de este derecho humano, así como mediante la atención integral de las personas en situación de vulnerabilidad por razones de violencia de género. En esta línea, su objetivo principal fue efectivizar una política pública nacional que permita prevenir, enfrentar, reducir y reparar la violencia basada en género en sus manifestaciones diversas y concretas, a través de su implementación en todo el territorio nacional.
Asimismo, sintetizó los avances en las políticas de respuesta a la VBG que se han desarrollado desde las instituciones, articulado en torno a acciones específicas; reconociendo los enormes desafíos pendientes que tiene la sociedad uruguaya en esta problemática.
El Plan contuvo entre sus principales logros la elaboración del “Proyecto de ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género”. Por lo cual, en 2017 Uruguay aprueba la Ley Nº 19.580 de “Violencia hacia las mujeres basada en género” que establece como prioritaria la erradicación de la violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes. Se basa en los principios generales de derecho nacional establecidos en la Constitución de la República y en instrumentos internacionales como: La Convención de Belem Do Pará; CEDAW; Convención de los Derechos del Niño; Convención de las Personas con Discapacidad; Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores (OEA, 2015) que el estado uruguayo ha ratificado. Así como considerar los últimos reportes del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará de la OEA (MESECVI) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de NNUU (CEDAW)
La Ley integral representa un avance sustantivo para las respuestas intersectoriales que el Estado uruguayo debe seguir implementando desde las instituciones integrantes del CNC.
Actualmente, el país se encuentra en proceso de elaboración de su próximo “Plan por una vida libre de Violencia de Género hacia las Mujeres”. El plan contará con un diagnóstico de las causas fundamentales del problema, un sistema de respuesta a la violencia basada en género hacia las mujeres integral e interinstitucional, que incluya acciones de: sensibilización y prevención; servicios de atención; acceso a la justicia; reparación a las personas afectadas por la violencia basada en género; el registro y ordenamiento de la información; la formación y capacitación de operadores; un sistema de indicadores de monitoreo y una propuesta de evaluación para la rendición de cuentas. Este proceso cuenta con el apoyo conjunto de UNFPA y ONUMUJERES.
