El 17 de octubre, la Cámara de Senadores uruguaya sancionó la ley que posibilita la no penalización del aborto dentro de las doce semanas siempre que se consulte con profesionales de la medicina y se ratifique la decisión tras un período obligatorio de reflexión. Esta ley, que forma parte de los avances que en materia de salud sexual y reproductiva se han venido dando en los últimos años en Uruguay, no supone la legalización del aborto, aunque establece la no aplicación de los artículos del código Penal que hasta ahora podrían llevar a las mujeres a prisión.
Si bien la decisión final recae en la mujer, entre los requisitos que la ley establece están la consulta médica previa obligatoria ante una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud para informar a un médico de las circunstancias que le conducen a tomar su decisión y, posteriormente, la conformación de un comité integrado por al menos tres profesionales (ginecológico/a, especialista en salud psíquica y otro/a en el área social) que informará a la mujer de las características de la interrupción del embarazo, así como de los riesgos inherentes en esta práctica. La mujer dispondrá de un período de reflexión mínimo de cinco días, transcurrido el cual, si ella ratifica su voluntad de interrumpir el embarazo ante el/la ginecólogo/a tratante, se coordinará de inmediato el procedimiento que menos riesgos y daños entrañe.
Asimismo el artículo 6 permite el aborto a lo largo de los nueve meses siempre que ponga en riesgo la vida de la madre o en caso de malformaciones del niño/a. Pero preocupa que en lo relacionado con la violación, la interrupción del embarazo sólo esté permitida en las primeras catorce semanas, lo que supone un retroceso si se la compara con la ley de 1938.
El contexto político e institucional de Uruguay de los últimos años ha posibilitado el avance de los compromisos en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de la población.
Un paso importante fue la aprobación en 2008 de la Ley 18.426 de Defensa al Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva. Esta ley intentó legalizar el aborto incluido en su artículo 2, pero fue finalmente vetado por el Presidente de la fecha. Este nuevo debate se reabre en la presente administración de gobierno, con una primera propuesta que contemplaba la idea de legalizar el aborto, pero el gobierno de coalición del Frente Amplio no contó con los votos necesarios porque un parlamentario de este partido se opuso a la misma. Ello conllevó a que se negociara con el Partido Independiente, quién puso sobre la mesa los requisitos que más tarde han sido aprobados.
Según los barómetros de opinión pública, el 51% de uruguayos/as apoyan esta iniciativa, frente a un 37% que se oponen. Diversas instituciones públicas y la sociedad civil organizada ya están trabajando para apoyar una reglamentación, que tendrá que estar lista en treinta días, que garantice los derechos de las mujeres. Múltiples organizaciones de la sociedad civil resaltan la importancia de que todas las mujeres, a lo largo del territorio nacional, conozcan sus derechos y cómo han cambiado las reglas del juego con la nueva la ley. Además, han mostrado su preocupación en cuanto a garantizar que se actúe rápido en cada caso para garantizar el respeto a la decisión de cada mujer, y para que se vigile de cerca la correcta implementación de la ley.
