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El pasado sábado 1 de octubre se celebró el Día Mundial de las Personas Adultas Mayores bajo la consigna “Puesta en marcha de Madrid + 10: crecientes oportunidades y retos del envejecimiento mundial”, coincidiendo con la conmemoración del vigésimo aniversario de la aprobación de los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad. Como señala Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, en su mensaje para la fecha, “estos principios básicos (independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad) consagran los derechos humanos de las personas de edad y fijan los objetivos que nos debemos proponer alcanzar”. Además añade que “las personas de edad realizan una contribución dinámica y esencial al desarrollo y la estabilidad de la sociedad; se puede y se debe hacer más para aprovechar su potencial”.

 

Ban Ki-moon, al conmemorar los hitos logrados en el desarrollo mundial en pro de las personas de edad, exhorta a los gobiernos y a las comunidades de todo el mundo a ofrecer más oportunidades a sus mayores y enfatiza que “en el actual entorno fiscal debemos hacer lo posible por que las personas de edad gocen de un acceso sin trabas a los servicios de protección social, atención a largo plazo y salud pública”.

 

El proceso de envejecimiento demográfico en Uruguay, como consecuencia de la reducción de las tasas de fecundidad, el prolongamiento de la esperanza de vida y la emigración de población más joven, ubica a Uruguay como el país más envejecido en la región: 19% de las personas uruguayas tiene más de 60 años y el 40% de los hogares en el país tiene al menos una persona adulta mayor entre sus integrantes. Así, la atención a las personas adultas mayores en situaciones de dependencia se ha establecido, junto a infancia de 0 a 3 años y personas con discapacidad dependientes, como una de los tres grupos de población prioritarios en la construcción del Sistema Nacional de Cuidados que se está debatiendo en estos momentos.

 

A diez años de la Cumbre sobre Envejecimiento

 

Durante la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento celebrada en Madrid en abril de 2002, se establecieron tres áreas prioritarias: las personas de edad y el desarrollo; la promoción de la salud y el bienestar en la vejez; y el logro de entornos emancipadores y propicios.

 

Siguiendo estos tres ejes, el pasado mes de agosto, durante el encuentro Nacional de Organizaciones de Adultos Mayores se presentó el estudio “Vejez y envejecimiento en el Uruguay” realizado por Fernando Berriel, Robert Pérez y Soledad Rodríguez para el Área de Personas Adultas Mayores del Mides con apoyo del UNFPA, en el que se analiza la situación de las personas adultas mayores en Uruguay. Entre sus resultados se muestra la creciente participación económica de las personas adultas mayores con vistas a reforzar el presupuesto del hogar y se señala la amplia cobertura de seguridad social como un rasgo diferencial positivo de Uruguay en el marco de Latinoamérica. Se detecta un importante retraso en la capacitación y formación de profesionales humanos en la incorporación de las temáticas del envejecimiento y la vejez, a pesar de ser un tema de gran relevancia social para el país. En cuanto a la promoción de salud, Uruguay presenta altas tasas de independencia funcional entre sus personas adultas mayores, pero se reclama mayor atención en la atención del abuso, la violencia y el maltrato a los adultos mayores. También se insiste en la necesidad de profundizar más en la construcción de entornos favorables para el envejecimiento, tanto en los hogares en los que viven como en los espacios públicos o los medios de transporte colectivo que utilizan.

 

El envejecimiento en un mundo de 7 mil millones de personas

 

Los desafíos planteados por el envejecimiento es uno de los 7 ejes establecidos por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en la campaña “7 Mil Millones de Acciones”, coincidiendo con que la población mundial alcanzará los 7 mil millones de personas el próximo 31 de Octubre. En 1980 la cantidad de personas con más de 60 años de edad era de 384 millones. En la actualidad alcanza los 893 millones y para 2050 se espera que sean 2400 millones de personas.

 

El envejecimiento da cuenta por un lado un aspecto positivo, ya que refleja que las personas viven más años. Pero, por otro lado, también significa la aparición de nuevos retos vinculados con las posibilidades de crecimiento económico (por la disminución de población económicamente activa) o requerir cambios para atender la salud y la seguridad de las personas de mayor edad. El envejecimiento de la población es particularmente pronunciado en Asia, Europa y América Latina. Si bien los países más desarrollados tienen mayores proporciones de ancianos, el envejecimiento en países menos adelantados ocurre a un ritmo más acelerado, lo cual deja menos tiempo para los preparativos necesarios.

 

Esto implica que habrá menor proporción de personas jóvenes, en edades activas, en relación con la población dependiente de mayor edad, cambiando así la relación de dependencia demográfica. Si en 1950 había 12 personas de edad activa por cada persona mayor de 65 años, en la actualidad hay 7, y en 2050 es probable que solo haya 3. En diferentes países, para enfrentar este desafío se manejan medidas como la promoción de programas que incentivan a las personas mayores a seguir trabajando -sin perder los derechos de percibir jubilaciones y pensiones- y de iniciativas que faciliten su contratación. En términos generales, cuando permanecen en la población activa, las personas de mayor edad pueden contribuir en gran medida a sus familias, a sus comunidades y a sus países, reforzando así los compromisos adquiridos en la Cumbre de Madrid.

 

Algunos datos de interés:

 

- En el mundo, cuatro de cada cinco personas con edad para jubilarse o mayores no poseen ingresos por jubilación de pensiones o programas gubernamentales.

 

- Un 13,4% de la población uruguaya es mayor de 64 años y el 19% mayor de 60 años.

 

- Un 37% de las jefaturas de hogar en Uruguay corren a cargo de personas adultas mayores.

 

- El 80% de las personas adultas mayores en Uruguay son funcionalmente independientes.

 

 

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