Montevideo, 24 de julio de 2024, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)– Que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos y obligaciones y en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía es el propósito de este nuevo proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la oficina del UNFPA en Uruguay. La iniciativa, que fue presentada este martes 23 de julio en el Parlamento por el Poder Ejecutivo, seguirá el proceso legislativo formal.
El proyecto de ley fue redactado a la luz de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por nuestro país en 2008, que establece que las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás, en todos los aspectos de la vida.
La actividad, que tuvo lugar en la sala de eventos especiales del Parlamento, abrió con una mesa que contó con la presencia de la Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón y las integrantes de la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Senadores: Senadoras Liliam Kechichian, Carmen Sanguinetti y Carmen Asiaín. Asimismo, participaron la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Dra. Elena Martínez, la Directora de Discapacidad del Mides, Karen Sass, y el Asesor de UNFPA en Uruguay, Juan Meré.
En la apertura la Vicepresidenta de la República destacó la importancia de que este proyecto de ley se presentará en el Parlamento, que alberga el desafío permanente del ejercicio de derechos. “Cuanto más trabajemos en los marcos normativos, más nos vamos a acercar a esa realidad”, expresó. Por su parte, la senadora Carmen Sanguinetti también se refirió a los marcos normativos de nuestro país, que entiende que en muchas ocasiones son “más barreras que puentes” y que este proyecto de ley significa un puente para derribar esas barreras con un nuevo paradigma sobre las personas con discapacidad.
También se refirió al cambio de paradigma la senadora Carmen Asiaín, que ahondó en el anterior Código Civil que se refería a las personas con discapacidad como interdictas. En este sentido, la defensa de este proyecto de ley que “busca un traje a medida para cada persona”, señaló, aludiendo a los sistemas de apoyos y ajustes razonables necesarios para cumplir a cabalidad con la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad.
La última de las senadoras en hablar fue Liliam Kechichian, quien destacó lo positivo de este proyecto en el que se sintió que “contribuíamos y trabajábamos todos juntos. Estamos mostrando el mejor Uruguay. Tenemos que seguir construyendo entre todos”, expresó.
En el turno de la directora de Discapacidad del Mides, Karen Sass, se refirió a que el principal desafío ahora es que esta normativa se traduzca en una mejora de la vida de las personas. En ese sentido, sostiene que esta iniciativa representa un gran avance hacia una sociedad más inclusiva y con una democracia plena.
Por su parte, Juan José Meré hizo una síntesis del proceso participativo de elaboración del proyecto y reflexionó sobre la capacidad que tuvo la iniciativa de juntar a los actores relevantes, lo que permitió el éxito de la iniciativa.
Finalmente, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia se refirió a que este es un anteproyecto removedor y reflexionó acerca de que la legislación está aún muy lejos de adaptarse a los enfoques as ideas actuales dominantes sobre la discapacidad.
El cambio de paradigma
De acuerdo a la exposición de motivos del proyecto de ley: “La ratificación de la Convención introduce un cambio de paradigma que debe tener un correlato en el cambio del régimen vigente en nuestro ordenamiento jurídico, en el que predomina la sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad en la toma de sus decisiones con efectos jurídicos (curatela), por otro basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad quien, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones con los apoyos y salvaguardias que requiera. La Convención deja en claro que los déficits en la capacidad para tomar decisiones no deben utilizarse como justificación para negar la capacidad jurídica”.
El cambio hacia el modelo social de la discapacidad en términos de avances, efectos y desafíos para el Poder Judicial y la sociedad toda fue abordado en el segundo panel que contó con la participación de destacados operadores de justicia: Dr. Eduardo Cavalli, Ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, Dras. Analía Cancela y Mariana Carrerou de la Defensoría Pública, Dra. Carina Estefan del Consultorio Jurídico de Facultad de Derecho – UDELAR y Esc. Jenifer Alfaro de la Asociación de Escribanos del Uruguay.
Como expresó cerrando el panel, Marta Rodríguez, representante de la Asociación Down del Uruguay, integrante de la Alianza de organizaciones de personas con discapacidad al cerrar la segunda mesa “ para continuar con el proceso que Uruguay comenzó al reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, urge una mirada que garantice la participación, y no sólo a través del aparato administrativo del Estado, sino desde la sociedad en su conjunto, que naturalice y respete las singularidades de las personas, garantizando su participación, dignidad y libertades humanas".
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