El proyecto de ley fue redactado a la luz de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por nuestro país en 2008, que establece que las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás, en todos los aspectos de la vida.