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Con María Soledad Cisternas, Enviada Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad

Con María Soledad Cisternas, Enviada Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad

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Con María Soledad Cisternas, Enviada Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad

calendar_today 22 Mayo 2023

Soledad Cisternas
La profesora Cisternas en la Antesala de la Cámara de Senadores del Parlamento.

Montevideo, 19 de mayo (UNFPA Uruguay)– “El derecho y el desarrollo van de la mano. La misma Agenda 2030 dice que se basa en derechos humanos y no existe derechos de primera y segunda categoría, todos tienen igual nivel”, sostiene la chilena María Soledad Cisternas, Enviada Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad desde 2017. 

Del 15 al 19 de mayo Cisternas visitó Uruguay gracias a la coordinación entre la División de Discapacidad de la Secretaria de Cuidados y Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, y el UNFPA, para brindar talleres y conferencias en distintas instituciones vinculadas con el derecho, la salud y las políticas públicas acerca de los derechos de las personas con discapacidad. 

“Este es un país de estricto apego a las normas jurídicas y a los estándares, pero cuando leí la ley de discapacidad de Uruguay me encontré con la palabra beneficios. Estamos en la era de los derechos y no de los favores, no de los beneficios, ya pasó esta era de la caridad”, dijo la experta en una charla que dio en la Antesala de la Cámara de Senadores, en el Palacio Legislativo.  

  Soledad Cisternas en reunión con el equipo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).

 

La Enviada Especial es Licenciada en Derecho, Magíster en Ciencia Política y abogada. Entre 2013 y 2016 fue Presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en 2022 recibió el premio Internacional de Derechos Humanos que otorga el American Bar Association de Estados Unidos. En el marco de su visita a Uruguay conversó con UNFPA sobre la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

¿Qué necesitaría Uruguay para acercarse más a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad? 

Falta la decisión política de las autoridades y la toma de conciencia de esas mismas autoridades y de la sociedad en su conjunto para que exijan al sistema que esto salga adelante. 
Usted hace hincapié en la diferencia entre modelo asistencial y modelo social, ¿de dónde surge?

Esto comienza en 1983 cuando las mismas organizaciones de personas con discapacidad comienzan a elaborar el modelo social. Esto implica que nosotros no solo tenemos una deficiencia, sino muchas barreras que nos impiden participar. En esa reflexión comienza el cambio y se pone por escrito en la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad, para lo que llamamos el modelo de derechos humanos. 

¿Dónde está la clave?

Este modelo asigna al Estado la eliminación de las barreras a través de sus distintos poderes, y en esta eliminación de barreras tendrá que preocuparse de eliminar barreras que están en la legislación, en las políticas públicas, las barreras actitudinales, que son las más difíciles de erradicar y otra serie de barreras como acceso al espacio físico, a la información y comunicaciones, etc. Es el Estado es el principal obligado a eliminar barreras, todos los poderes del Estado y la sociedad en su conjunto. Eliminar barreras para que la persona que tiene una deficiencia pueda participar en mejores condiciones en la sociedad ejerciendo sus derechos.

La profesora Cisteras en un encuentro con equipos profesionales vinculados a las áreas de la salud y desarrollo social.

 

Usted menciona a Suecia como modelo en materia del ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, ¿en América Latina en qué etapa estamos? 

Los países están recién en las modificaciones legales, aunque Argentina lleva más tiempo. En lo personal, quizás porque lo conozco más de cerca, veo que en Perú hicieron una modificación legal que tiene mucha cercanía con la Convención y, además, veo la pasión con que lo tomaron los legisladores, jueces, personas del ejecutivo. 

¿En qué aspectos nota ese entusiasmo?
Veo por ejemplo a los jueces, la manera en la que están haciendo capacitaciones al personal de todos los tribunales del país, y eso parte de la autoridad máxima de la Corte Suprema, haciendo todo este trabajo. Con los notarios, por ejemplo, también han trabajado mucho, con la sociedad civil… y aplican en las sentencias, ya están aplicando el parámetro de la capacidad jurídica de la persona en la sentencia misma. Seguramente los otros países también lo irán incorporando.  

                       Soledad cisternas con Juan Meré (UNFPA) y Margarita Villanueva (asistente) en el Palacio Legislativo.

 

¿Qué significa la capacidad jurídica? 

Es la aptitud legal sin la autorización de otra persona. La Convención señala que todas las personas con discapacidad tendrán capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás personas. Con esto no se puso una venda, se reconoce que en determinado momento una persona puede necesitar cierto apoyo. Y en esos casos el Estado de deberá proveer un sistema de apoyo para que las necesite. 

Respeto a la dignidad, la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, que puede ser algo de lo más natural para una persona que no tiene una discapacidad, para las personas con discapacidad ha sido un plano difícil porque ha habido muchas personas que se han visto expuestas a la interdicción por causal de discapacidad. 

Acceda aquí a los recursos vinculados con los derechos de las personas con discapacidad.

Producción de conocimiento sobre Sistemas de Apoyo para personas con discapacidad

La Dirección de Discapacidad de la Secretaría de Cuidados y Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social conjuntamente con la Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Uruguay vienen desarrollando, desde el 2021, varias acciones de investigación, de intercambio con la sociedad civil, de consultas a expertas y expertos, de actividades de sensibilización,  tendientes a producir evidencia estratégica para el diseño de proyectos de ley y de políticas públicas que garanticen el efectivo ejercicio de los derechos y la ciudadanía de las personas con discapacidad.  

En este sentido, compartimos los siguientes estudios publicados recientemente.

-Sistema de apoyos en la toma de decisiones para personas con discapacidad. Experiencias comparadas.
-Sistema de apoyos en la toma de decisiones para personas con discapacidad. propuestas de reformas para Uruguay.
-Propuesta de un Sistema de Apoyos que asegure el derecho a la maternidad y a la crianza de las mujeres con discapacidad.

 

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