Durante la segunda década del siglo XXI Uruguay operó una notable transformación de las políticas de salud sexual y reproductiva (SSyR) que las consolidó como política de Estado y como pieza clave del compromiso político más ambicioso en términos de población y desarrollo (Consenso de Montevideo). Si bien el aseguramiento de insumos anticonceptivos se inicia en el país tempranamente, a partir de la década del sesenta, esto ocurre primero a través de la Asociación Uruguaya de Planificación Familiar e Investigación en Reproducción Humana (Aupfirh) y el Estado incorpora el tema en su agenda a partir de 1996 y como consecuencia directa de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) de El Cairo, 1994 y de la IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995), así como de las reivindicaciones y estrategias desarrolladas desde la sociedad civil organizada, principalmente desde los grupos de mujeres y feministas.
Una década más tarde, en 2005, el Ministerio de Salud Pública (MSP) define como prioritario avanzar en la SSyR, con énfasis en los sectores más vulnerados y sobre la base de los acuerdos asumidos en la CIPD posteriormente redoblados en el Consenso de Montevideo. Esta voluntad se ha visto plasmada en diversas acciones que van desde la implementación de servicios de SSyR hasta la actualización de guías clínicas, pasando por la inclusión de nuevas prestaciones y por el apoyo directo a los prestadores de salud. En este marco, asegurar el acceso a métodos anticonceptivos (MAC) seguros, eficientes y asequibles ha sido una de las prioridades de la política sanitaria. Es así que, a partir de 2006, el MPS ha invertido parte importante de su presupuesto en la compra de MAC para la población.
Estos insumos se adquieren con la colaboración y alianza del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), lo que ha hecho posible aumentar el volumen de las compras en función de los costos, ampliar la oferta, contar con una canasta de métodos de calidad adecuada a las necesidades y acorde a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además del volumen, se ha aumentado la variedad de anticonceptivos disponibles hasta lograr una canasta destacada. Se ha desarrollado una estrategia de aseguramiento mediante la que el MSP provee a todos los prestadores públicos de mac sin costo para su distribución gratuita y apoya a los prestadores privados con métodos a bajo precio.
El MSP ha actualizado las guías de orientación anticonceptiva con apoyo de Reprolatina y el UNFPA buscando que los equipos de salud realicen la orientación basada en la mejor y más actualizada evidencia científica, en un marco de respeto a los derechos de los usuarios/as, incluyendo y enfatizando en los derechos sexuales y reproductivos (DDSSyRR) de adolescentes. Sumado a ello se ha trabajado en la capacitación de los equipos de salud para mejorar la calidad de los procesos de atención y la provisión de los MAC sobre la base de las guías del MSP. Asimismo, para asegurar que los MAC estén disponibles en tiempo y forma para su uso por la población, con el apoyo del UNFPA y de Prisma, se inició un proceso de mejora y capacitación en el manejo logístico y en el cálculo de necesidades de insumos en los prestadores públicos de salud. Interesa subrayar que la disponibilidad asegurada de insumos de SSyR va más allá del proceso de abastecimiento, pues también incluye elementos vinculados a las políticas públicas, al ejercicio de derechos, a la demanda, el acceso y calidad de la atención, dimensiones que fueron tenidas en cuenta en el caso uruguayo. El UNFPA ha apoyado año a año con asistencia técnica y financiera este proceso, al igual que con el intercambio con otros países y acciones de cooperación Sur-Sur.
Las organizaciones de la sociedad civil, a través de acciones de incidencia política, comunicación, monitoreo ciudadano, producción de información, desarrollo de capacidades e implementación de proyectos en la comunidad para la promoción de DDSSyRR, también han hecho posibles los avances alcanzados. Por su parte, desde la academia también se han dado pasos clave en lo que refiere a la producción de conocimiento y a la formación de estudiantes y profesionales. De esta manera, Uruguay ha alcanzado la progresiva consolidación de una política pública desde el Estado uruguayo asegurando la anticoncepción gratuita y de calidad, en cumplimiento de los mandatos de El Cairo y del Consenso de Montevideo.
El país continúa presentado importantes desafíos y brechas que requieren seguir trabajando a distintos niveles y en diferentes sectores para asegurar el acceso universal y de calidad a la SSyR. La buena práctica presentada refiere al diseño y al proceso de implementación de una estrategia nacional de aseguramiento de insumos anticonceptivos anclada en una política pública de salud sexual y reproductiva basada en derechos humanos y en las perspectivas de género y diversidad, que incluye un conjunto de elementos clave relacionados con reformas del Estado, legislación, diseño e implementación de políticas públicas, y con una serie de resultados.
