Este estudio es un análisis preliminar de la creación e implementación de tres políticas uruguayas –el cambio de nombre y sexo registral en documentos oficiales, una transferencia incondicional y universal para la población trans, y la inclusión de la población de trabajadoras sexuales trans en la seguridad social– que apuntan a la inclusión social de la población trans.
Utilizando una metodología mixta de análisis de datos existentes y entrevistas con actores del Estado y de la sociedad civil con enfoque en los derechos humanos y la inclusión social, se analizó el acceso, la calidad, la protección financiera, los mecanismos de reparación y el acceso a la información, tanto individualmente como en ejercicios de evaluación comparativa con políticas parecidas a nivel nacional e internacional.
A nivel estructural, las políticas buscaron adecuarse a los estándares de mejores prácticas –especialmente en relación con sus procesos de creación y el acceso– pero se encontraron con dificultades en cuanto a su implementación. Específicamente, se encontraron dificultades relacionadas a la institucionalización de la importancia de los programas, la sistematización de información, la comunicación interinstitucional, la institucionalización de la población objetivo, la consistencia en mensajes estatales, y la integraciónde los programas.
