Montevideo, 3 de abril de 2025– En un esfuerzo por comprender y abordar de manera más integral los desafíos y oportunidades que presenta el envejecimiento de la población y la inclusión social, Uruguay se encuentra profundizando en la generación de evidencia local y en la socialización de las innovadoras Cuentas Nacionales de Inclusión (CNI).
Esta herramienta, impulsada y promovida en nuestro país por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), busca trascender el análisis económico tradicional de las Cuentas Nacionales de Transferencia. Así, las Cuentas Nacionales de Inclusión permiten visibilizar y cuantificar las complejas transferencias económicas que fluyen entre las distintas generaciones –desde la infancia hasta la adultez mayor– a través de las redes familiares, las políticas gubernamentales y las dinámicas del mercado.
En este marco, UNFPA y CEPAL realizaron un taller sobre las Cuentas Nacionales de Inclusión dirigido al funcionariado vinculado a la temática en Uruguay. El objetivo principal de la capacitación fue presentar los conceptos y la metodología para estimar las Cuentas Nacionales de Inclusión según nivel educativo, nivel de ingresos y composición familiar.
El taller contó con la participación de 16 representantes de diversas instituciones, incluyendo el Banco Central, el Instituto Nacional de Estadística, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Banco de Previsión Social, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Durante esta actividad, las personas que participaron se familiarizaron con los conceptos fundamentales de las Cuentas Nacionales de Transferencias (CNT) y su importancia en la formulación de políticas públicas. Asimismo, se presentaron las metodologías de las Cuentas Nacionales de Inclusión (CNI), que proponen desagregar las Cuentas Nacionales de Transferencia (CNT) según distintas dimensiones socioeconómicas. Este desglose es esencial para abordar los objetivos de inclusión y sostenibilidad en un contexto marcado por altas desigualdades y el envejecimiento de la población.
El uso de este instrumento permite evaluar la sostenibilidad de los sistemas de protección social, como las pensiones, la salud y la educación, en un contexto de cambios demográficos significativos; analizar la equidad intergeneracional de las políticas existentes y propuestas, para asegurar una distribución justa de recursos entre las distintas edades; identificar a los grupos de población más vulnerables, permitiendo la focalización de intervenciones y el diseño de políticas inclusivas; fundamentar estrategias para un crecimiento económico inclusivo y sostenible, que tenga en cuenta las necesidades de todas las generaciones, entre otras ventajas.
