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Recomendaciones sobre prácticas y actitudes en la asistencia del embarazo y nacimiento institucional

En la última década, Uruguay ha realizado importantes avances en la construcción de un Sistema Nacional Integrado de Salud que incluye un cambio de paradigma, desde un modelo de atención materno infantil a un modelo de atención integral en salud sexual y salud reproductiva.

La Organización Mundial de la Salud, desde 1985, comienza a visualizar las consecuencias desfavorables del modelo asistencial existente y plantea el derecho de las madres a un cuidado humanizado-respetado y a un papel central en todos los aspectos de su atención, iniciando un proceso de normalización del nacimiento e instando a los estados a revisar la tecnología aplicada a los mismos.

La Ley 18.426 de Defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva, reconoce los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, enunciando en el artículo 3°, “promover el parto humanizado, garantizando la intimidad y privacidad; respetando el tiempo biológico y psicológico y las pautas culturales de la protagonista y evitando prácticas invasivas o suministro de medicación que no estén justificadas”.

A partir de una serie de problemas de salud de la población, priorizados según criterios de magnitud y relevancia, el Ministerio de Salud Pública definió para el período 2015 -2020 Objetivos Sanitarios Nacionales (OSN), con el propósito de orientar el logro de resultados concretos y medibles, en el marco de las perspectivas de derechos, género y generaciones. En su definición se tuvo presente las prioridades planteadas por el plan de gobierno y los compromisos internacionales asumidos por el país.

De este modo se generó una nómina inicial de problemas críticos sobre los que se está trabajando. Uno de ellos se refiere a la Humanización del parto institucional y reducción de la tasa de cesáreas. En este contexto consideramos fundamental contemplar las condiciones de asistencia del proceso reproductivo en un marco de derechos y de prácticas basadas en la evidencia científica.

Estas recomendaciones tienen por objetivo contribuir a la mejora en la calidad asistencial perinatal en el Sistema Nacional Integrado de Salud, fortaleciendo al equipo de salud mediante la promoción de un modelo de atención basado en buenas prácticas en un marco de derechos en salud sexual y reproductiva.