Aunque en su historia Uruguay alcanzó tempranamente altos niveles de calidad de vida, las fuertes desigualdades sociales y económicas profundizadas en las últimas décadas del siglo XX requirieron que el Estado retomara su cometido esencial de garante y promotor de los derechos humanos.

Para asumir esa responsabilidad fue necesario crear una nueva institucionalidad, un nuevo marco normativo y una combinación de políticas públicas universales y focalizadas. Las mismas buscan construir la equidad en base al ejercicio pleno de los derechos y las decisiones conscientes de los ciudadanos/as.

Las políticas integradas e integrales de población y desarrollo que se enumeran a continuación han generado resultados que, aunque distan de ser suficientes, alcanzan para probar su efectividad y confirmar el camino iniciado.

El objetivo de todas las políticas, de corto y largo plazo es el mismo: revalorizar la condición de la persona humana y colocar en el centro de la acción del Estado el ejercicio integral de los derechos humanos.