A comienzos de este siglo, y en conjunto con la sociedad civil organizada, el Uruguay comenzó un recorrido de reformas legales y políticas públicas para reconocer los derechos de las personas de la diversidad sexual a vivir una vida plena y libre de discriminación.

Esta generación de políticas públicas se sitúa plenamente en la dinámica del Consenso de Montevideo, surgido de la Primera Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe.

De manera intencional, sostenida y progresiva el Estado uruguayo ha venido promoviendo condiciones favorecedoras centradas en el respeto a la diversidad como un elemento central para la inclusión social de toda la ciudadanía. Así ha generado oportunidades educativas, laborales y de protección social para la población sexualmente diversa, con énfasis en la población trans.

Nuevamente Uruguay se posiciona como un país de vanguardia que promueve la realización de los derechos humanos de todas las personas, sea cual sea su orientación sexual o su identidad de género.