Uruguay ha sido históricamente un país laico: en el año 1917 se separó formalmente la Iglesia católica del Estado, en medio de un proceso de secularización que culminó con una nación laica, con un sistema de educación pública laico. Uruguay ha presentado un desarrollo temprano de políticas y programas en diferentes áreas de la salud sexual y reproductiva (SSyR) respecto al contexto de la región, pero recién a partir de 1996 se comenzaron a elaborar e implementar políticas y programas específicos en SSyR desde el Estado.
Estas acciones son consecuencia directa del impacto de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (cipd) (El Cairo, 1994) y de la iv Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995) , así como de las reivindicaciones y estrategias desarrolladas desde la sociedad civil organizada, en particular desde el movimiento feminista. Desde el año 1938 estuvo vigente un marco legal restrictivo respecto al aborto, que era ilegal y estaba penalizado.
La Ley 9763 consideraba al aborto como un delito que podía ser eximido de pena en determinadas circunstancias: cuando el embarazo era producto de una violación, por el honor de la familia, por angustia económica o por riesgo de vida de la mujer (Parlamento, 1938). A partir de 1985, luego de recuperada la democracia, y hasta 2012 se ha sucedido una diversidad de intentos de posicionar el tema del aborto en el debate parlamentario, con la presentación de diferentes proyectos de ley, muchos de los cuales no avanzaron en su discusión en el Parlamento. Eran impulsados fundamentalmente por sectores del Frente Amplio (fuerza política progresista) en alianza con organizaciones de mujeres, quienes fundamentaban su premisa de aborto legal sobre la base del derecho a decidir. Finalmente, en 2012 se promulgó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ive).
El proceso de despenalización del aborto en Uruguay. Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo Resulta importante destacar que, en Uruguay, las encuestas han mostrado que la opinión pública predominante en los últimos diez años se manifiesta favor de la despenalización del aborto. La sociedad se inclina por la despenalización del aborto (en el caso de decisión libre dentro de las primeras 12 semanas del embarazo) en una relación de 6 a 4. La postura liberalizadora nunca bajó del 50 % y su techo ha estado en el 63 %. A su vez la postura prohibicionista nunca llegó al 40 % y su piso se ubica en el 27 %. Hay un 13 % de oscilación entre el máximo y el mínimo de la banda de cada una de las dos opciones. Cualquier decisión por vía de democracia directa conduce inexorablemente a un triunfo de la despenalización en una relación de 6 a 4. En el año 2013 se dio una consulta popular por referéndum sobre la Ley de ive. Por iniciativa de un sector de parlamentarios opositores al gobierno, se juntaron las firmas necesarias para consultar a la ciudadanía sobre la posibilidad de someter a la ley a un plebiscito. Este sector desplegó una fuerte campaña pública cuyos argumentos estuvieron centrados en llevar el tema del aborto a la consulta popular y entre los cuales subyacía la defensa de la vida. En esta instancia consultiva (no obligatoria) los impulsores de la derogación no lograron obtener el 25 % de los votos necesarios para lograr la convocatoria a un referéndum obligatorio y solo alcanzaron el 8,92 % del electorado. De esta manera, la Ley de ive quedó firmemente ratificada. Esto marcó un mojón importante en este proceso de despenalización y legitimó socialmente la ley aprobada por el Parlamento, lo que exigió a su vez a la sociedad civil organizada un posicionamiento claro frente a la situación legal del aborto en Uruguay. En este marco, nos proponemos dar cuenta del proceso histórico que transitó Uruguay hasta la despenalización definitiva del aborto.
